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Salamanca. 11-12-19
La defensa del medio ambiente: un peligro para la vida

Autor: Jesús Martin Piñuela. Activista por los Derechos Humanos

 

Gracias a las advertencias de Naciones Unidas, Greenpeace y otras organizaciones, la necesidad de proteger el medio ambiente, nuestra vida y nuestra salud, así como la de las generaciones venideras, va calando en la opinión pública. No obstante, las medidas de los Gobiernos siguen siendo notoriamente insuficientes. Esta situación ha provocado un movimiento liderado por la jovencísima Greta Thumberg y secundado por miles de jóvenes.

 

En otros países, miles de personas se levantan contra los abusos medioambientales; surgen, así, los defensores y defensoras de los derechos ambientales. Suelen ser dirigentes de comunidades indígenas, cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación.

 

Según la ONG Global Witness, en 2017, último año del que se tienen datos, casi cuatro ambientalistas fueron víctimas de homicidio a la semana por proteger sus tierras, la vida silvestre y los recursos naturales. En 2017 fueron asesinados 207 ambientalistas. La gran mayoría eran de Sudamérica, que se convirtió así en la región más peligrosa del mundo.

 

El caso más paradigmático y conocido fue el de Berta Cáceres. Esta líder cofundó, en 1993, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para hacer frente a las crecientes amenazas contra los derechos territoriales de las comunidades lencas y mejorar sus medios de sustento. El 2 de marzo de 2016, unos hombres armados entraron en su casa, en Honduras, y la mataron a tiros. Berta y el COPINH estaban haciendo campaña en contra de un proyecto hidroeléctrico por el impacto que iba a tener en el territorio del pueblo lenca.

 

También debemos destacar a Amada Martínez. Se trata de una ambientalista avá guaraní de la comunidad de Tekoha Sauce. En la década de 1970, la construcción de la planta hidroeléctrica Itaipú Binacional en la frontera entre Paraguay y Brasil obligó a su comunidad a desplazarse de su territorio ancestral y puso en peligro su supervivencia. Desde entonces, Amada denuncia los graves efectos de los proyectos hidroeléctricos en la naturaleza y en la vida de los pueblos indígenas. El 8 de agosto de 2018, un grupo de hombres armados la amenazaron de muerte. Salía de su comunidad en un taxi, junto con su hijo de siete años, su hija y dos sobrinos, cuando una camioneta con el logotipo de la planta hidroeléctrica les cortó el paso.

 

Otro caso menos conocido, pero muy reseñable, es el de Patricia Gualinga. Esta líder indígena del pueblo kichwa de la comunidad Sarayaku defiende el derecho de su pueblo a su territorio y a vivir en un medio ambiente sano frente a las actividades petroleras dañinas que se desarrollan allí. En 2012, la comunidad indígena Sarayaku logró una victoria histórica para los pueblos indígenas frente al gobierno ecuatoriano tras denunciar una concesión petrolera que había colocado explosivos en su territorio sin consultar con ella. El 5 de enero de 2018 de madrugada, un desconocido amenazó de muerte y agredió a Patricia en su casa, en Puyo, localidad del este de Ecuador. Después del ataque, Patricia y su familia tuvieron que abandonar su casa.

 

Acabo de citar sólo algunos ejemplos de los números casos que tiene registrados Amnistía Internacional. La mayoría de los activistas medioambientales estaban vinculados a la denuncia de industrias basadas en la extracción de recursos naturales. Por eso es más urgente que nunca que mostremos solidaridad mundial y salgamos en defensa de los defensores y defensoras ambientales que lo arriesgan todo para proteger a las personas y el planeta.

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