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Salamanca. 18-05-19
Migrar a Europa: la travesía imposible

Los debates sobre migración no disminuyeron en intensidad durante el 2018 a pesar de que la llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo disminuyó respecto de los niveles de 2015. Muchos gobiernos de la Unión Europea han aunado posiciones fundamentalmente antiinmigrantes, tanto en lo discursivo como en la práctica, violentando los derechos humanos de aquellas personas que más ayuda necesitan.

 

Autora: Lucía Mayo-. Activista por los Derechos Humanos

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Según HRW, a mediados de noviembre de 2018 se habían registrado 107.900 llegadas por mar (la gran mayoría) y por tierra, en comparación con las 172.300 de 2017. Una combinación de factores, incluida la problemática cooperación migratoria de la UE con Libia y el control de los esfuerzos de rescate por parte de Organizaciones No Gubernamentales en el Mediterráneo central, llevó a una marcada disminución en las llegadas a Italia, mientras que los cruces de Turquía a las islas griegas y de Marruecos a España aumentaron.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que, según el derecho internacional, todas aquellas personas rescatadas en el mar deben ser trasladadas a un lugar seguro próximo, es decir, a un país donde sus derechos humanos sean respetados y se les ofrezca una oportunidad real de solicitar asilo. En este sentido, hasta hace poco tiempo, esto significaba que cualquier persona rescatada en el Mediterráneo central proveniente de Libia era llevada a Europa, pues devolverla a Libia suponía la exposición a diferentes tipos de amenazas, como por ejemplo sufrir una detención arbitraria y posiblemente tortura.

Sin embargo, esta coyuntura ha cambiado a partir de los intereses de aquellos Estados europeos que se dedican más a bloquear y combatir la migración, y que decidieron “inventar” una solución alternativa para eludir sus obligaciones legales: apoyar a la Guardia Costera Libia para que interceptara a las personas en el mar y las devolviera a Libia. Esto significó proporcionar apoyo material y técnico como barcos, adiestramiento y apoyo en la planificación y coordinación de operaciones llevadas a cabo en el Mediterráneo central, que es el lugar donde se producen la mayoría de los naufragios. Esto supuso el traslado a las autoridades libias de la responsabilidad de coordinar operaciones de salvamento y decidir dónde deberán ser desembarcadas las personas rescatadas. Las víctimas colaterales de este “plan” son las personas solicitantes de asilo exhaustas, atrapadas durante semanas en barcos de rescate. Menos visibles son las mujeres, hombres, niños y niñas recluidos arbitrariamente en centros de detención libios o aquellos cuyos cadáveres no se encontrarán nunca.

En lugar de buscar formas pragmáticas de gestionar mejor la migración , la UE se ha dedicado a bloquear de manera sistemática cualquier acuerdo sobre las reformas de sus leyes de asilo y la distribución justa de la responsabilidad del tratamiento de los inmigrantes y solicitantes de asilo que ingresan y ya se encuentran en el territorio de la UE, y la prioridad siguió siendo mantener a los inmigrantes y solicitantes de asilo lo más alejados posible del territorio europeo, incluso mediante propuestas problemáticas como la cooperación migratoria con países no pertenecientes a la UE con menos recursos, historiales de derechos humanos dispares y menos capacidad para atender las solicitudes de asilo.

Incluso se dan situaciones en las que los esfuerzos de los Estados miembros de la UE van en la dirección de obstaculizar las tareas de rescate de las ONG y la creciente dependencia de las fuerzas de la guardia costera libia, que coincidieron con un auge en la tasa de mortalidad. A mediados de noviembre, el número de muertos había llegado a 2.043, un descenso en comparación con 2017. Pero la tasa de mortalidad por cruce aumentó de 1 de cada 42 en 2017 en los primeros ocho meses a 1 de cada 18 en el mismo período de 2018, según el ACNUR.

En algunos casos, incluso las ONG que llevan adelante tareas de rescate —atendiendo la responsabilidad de los Estados— no sólo se han encontrado con que se les niega sistemáticamente un puerto donde atracar (especialmente en Italia y Malta), sino que también se les impide llevar a cabo sus actividades de rescate con investigaciones penales injustificadas y obstáculos burocráticos.

Resulta necesario entonces lograr consensos y reformar las normas europeas sobre asilo, lo que se conoce como sistema de Dublín, que ha devenido en un sistema que no funciona equitativamente, que es ineficiente, y que algunos afirman que vulnera los derechos de los refugiados. El actual comisario europeo de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía, Dimitrios Avramopoulos, ya advertía en su momento que "es crucial que todos los estados miembros implementen las mismas reglas y estándares para proteger los derechos y evitar movimientos secundarios". También ha declarado que “La Unión Europea se basa en los valores humanos y la solidaridad. Y si no se defienden los valores humanos y la solidaridad, no es Europa,” algo que muchos gobernantes europeos parecen olvidar.