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Salamanca. 05-03-19
¿Qué hay de la libertad de expresión?

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. (Artículo 19 de la Declaración de DDHH)

Autora: Sonia Castilla, Activista por los Derechos Humanos

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La libertad de prensa aparece reconocida en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como un derecho fundamental en el artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Es, por tanto, una libertad básica asociada a la dignidad y libertad de las personas, que deben poder acceder a información y opiniones de otras personas y mostrar la suya propia.

Sin embargo, parece que no todos los países están de acuerdo en este punto tan elemental. A pesar de relacionarse con la dignidad humana, también puede ser relacionada por según quién con la pérdida de seguridad nacional y la idea de que a través de la libertad de prensa se pueden transmitir valores que perjudiquen a esta. De algún modo esta libertad, que constituye una garantía en un Estado de Derecho, es percibida como un perjuicio para la seguridad de una nación, aunque esto conlleve limitar los derechos y libertades de sus ciudadanos, prohibiendo el ejercicio de estas o incluso encarcelando a quienes las ejercen. Por desgracia, todos conocemos casos en los que este derecho se vulnera, ya sea en el pasado de nuestro propio país o en otros un poco más lejanos.

El tiempo avanza y con él los derechos humanos deberían hacerlo o, al menos, eso es lo que cabría esperar, pero la realidad es que sigue habiendo numerosos países en los que no se garantizan, sobre todo aquellos relacionados con el libre ejercicio de la opinión pública. Un estudio de Amnistía Internacional muestra algunos de los casos más flagrantes de vulneraciones de los derechos de libertad de prensa y expresión, como son los ocurridos en Arabia Saudí, Bahréin, Burundi, China, Egipto, Irán, México, Myanmar, Rusia o en Turquía con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa el próximo día 3 de mayo.

Quizá el caso más curioso es este, el de Turquía, precisamente porque es el país que asociamos como más “europeo” en términos de evolución de los derechos humanos, aunque se encuentre muy por detrás del resto en cuanto a ellos (recordemos la crisis de los refugiados). Digo curioso, también, porque es uno de los Estados candidatos para entrar a formar parte de la Unión Europea, aunque su cumplimiento de los requisitos para ello es bastante dudoso. Sobre esta base, supongo que de él cabría esperar respeto de, al menos, un derecho tan elemental como la libertad de prensa; pero los gobernantes turcos no están de acuerdo en eso, pues, según el informe de Amnistía Internacional, Turquía es el país con más periodistas encarcelados.

Como cabe esperar, la situación de los derechos humanos se agravó con el golpe de Estado de 2016, que sigue siendo utilizado por el gobierno turco para restringirlos. Claramente, la limitación de ellos afectó directamente a la libertad de prensa, llegando a desaparecer las críticas al gobierno de Erdogan —casualidad, supongo—. Algo curioso es que se bloqueó incluso el acceso a algo que hoy en día consideramos tan básico como Wikipedia. Además, se puso de moda la autocensura en redes sociales, pero también en la vida fuera de ellas.

Algunos de los casos de detenciones son los de Deniz Yücel, encarcelado sin cargos y mantenido en aislamiento, aunque liberado en febrero del año pasado; Zejra Dogan, periodista de una agencia kurda detenida por propaganda terrorista, que aún permanece en la cárcel; o los hermanos Altan, condenados a cadena perpetua por una presunta pertenencia al movimiento Gülen.

En Arabia Saudí la situación no es muy distinta. Las autoridades detienen a defensores de derechos humanos, e incluso a algunos escritores contrarios al régimen, justificándose bajo la Ley Antiterrorista. Y, si esto ya nos parece una aberración, poco hay que decir más que las mujeres son detenidas también por exigir unos derechos más equitativos.

En China, por su parte, de nuevo se refleja un auge de la autocensura, que es aún peor que la censura obligada. ¿Se imaginan evitando mostrar cualquier tipo de opinión en cualquier lugar público y hasta en redes sociales? Me atrevería a decir que no. ¿Se imaginan ser periodistas, trabajar informando y acabar desinformando por tener que ocultar realidades para salvaguardar nuestra libertad física e incluso integridad? Uno de estos casos de los es el de Huang Qi, fundador de un famoso sitio web y detenido en varias ocasiones, la última de ellas a raíz de ganar el Premio Internacional a la Libertad de Prensa en 2016. Desde entonces permanece en prisión bajo quejas de recibir malos tratos.

En Egipto encontramos algo similar. En los últimos años se ha encarcelado a multitud de periodistas, cuyos artículos son considerados como “noticias falsas” por las autoridades, y se han bloqueado numerosas páginas web. Muchos de ellos han sido, además, sometidos a malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y a juicios colectivos que, para Amnistía Internacional, distan bastante de ser justos.

Si cruzamos el charco, México es uno de los países con más peligrosidad y crimen organizado. Según el Informe Anual 2017/2018 de Amnistía Internacional, fueron asesinados en ese periodo de tiempo doce periodistas. Si bien es cierto que en este país existen mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, estos parecen resultar insuficientes.

Bahréin, Burundi, Irán, Myanmar o Rusia tampoco son casos muy distintos a los anteriores, pues se han sucedido numerosas detenciones a periodistas por aportar información que probablemente perjudicase de algún modo al gobierno, siendo algunos de ellos condenados incluso a cadena perpetua. En Venezuela, Villca Fernández fue detenido hace ya tres años por responder vía tuit a un comentario de un funcionario del gobierno. Se le acusó de “incitación al odio”, y sigue esperando el juicio.

Personalmente creo que es triste tener que concluir hablando de que estos son únicamente algunos de los casos. La libertad de expresión es un aspecto más de los individuos, de nuestra dignidad e incluso es una expresión de nuestra propia personalidad y como tal debería ser considerada algo necesario para el desarrollo de la colectividad y, en definitiva, de los países. Es precisamente por ello por lo que este derecho debería ser salvaguardado en cualquier circunstancia, aunque parece que no es una opinión común en determinados países. Sea como sea, lo único que nos queda es esperar y confiar en un futuro cercano que respete la libertad de expresión y, en general, los derechos humanos.