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Salamanca. 18-10-17
REFUGIADOS ROHINGYA, NUEVA CRISIS HUMANITARIA

Habiendo transcurrido más de seis años del estallido de la guerra en Siria, que ha provocado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, otra crisis de refugiados está sucediendo ahora mismo, llevando consigo una nueva crisis humanitaria, otra más. Me refiero a la situación que está viviendo el pueblo rohingya en Myanmar (antigua Birmania).

 

Autor: Juan Luis Hernández Mira Activista por los Derechos Humanos

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Para ponernos en situación tendríamos que comenzar diciendo que  los rohingyas son una minoría étnica de aproximadamente 1.1 millones de personas, mayoritariamente de religión  musulmana, asentadas en el estado de Rajine al oeste de Myanmar y que tiene frontera  con Bangladesh. Este etnia, que lleva viviendo  décadas en Myanmar están considerados por el gobierno como inmigrantes ilegales procedentes del vecino Bangladesh, de esta manera no son reconocidos como ciudadanos y por esta razón se les convierte en apátridas. 

 

     A causa de diferentes ataques cometidos por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán contra policías en octubre de 2016, el ejército de Myanmar  inició una drástica y contundente represión militar sobre los rohingya. La difícil situación y la persecución por parte del Estado a la que se han visto sometidos desde entonces los rohinyas  están provocando esta crisis humanitaria. Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional ha manifestado: “No se equivoquen: es una limpieza étnica. “Se observa aquí un patrón claro y sistemático de abusos. Las fuerzas de seguridad rodean un pueblo, disparan a la gente que huye presa del pánico, y luego incendian las casas hasta los cimientos. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles.”  Amnistía Internacional ha documentado una amplia gama de violaciones de los derechos humanos de los rohingyas, tales como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, violaciones y agresiones sexuales a mujeres y niñas y el incendio de más de 1.200 edificios, incluidas escuelas y mezquitas. En ese momento, Amnistía Internacional ha considerado que tales actos podían constituir crímenes de lesa humanidad. 

     De mismo modo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein explica la situación como  "un ejemplo de limpieza étnica de manual", con "ejecuciones", "disparos a civiles que huyen" e incendios de pueblos”. Según ha notificado la ONU, se calcula que a consecuencia de las operaciones militares a gran escala que han provocando incendios de pueblos y violencia contra las personas, se han desplazado a Bangladesh a más de 400.000 personas desde el 25 de agosto y día a día el número de estos nuevos refugiados que se ven obligados por estas difíciles y dramáticas circunstancias a abandonar sus hogares y desplazarse a la vecina Bangladesh, sigue creciendo. Además hay que tener en cuenta que  aproximadamente otras 100.000 personas huyeron  entre finales de 2016  y principios de 2017. Debido a todo lo expuesto, se pide que se investiguen los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del estado de Myanmar, y que los responsables de estos terribles hechos rindan cuentas. Sin embargo, y ante el estupor de todos, las autoridades niegan los hechos y acusan a los rohingyas de quemar sus propios hogares.

     Aung San Suu Kyi portavoz del Consejo de Estado de Myanmar, que gracias a su gran victoria en las elecciones de 2015 gobierna conjuntamente con los militares, estamento que ha dirigido el país con mano de hierro entre 1963 y 2011 y que en la actualidad ocupa en    el parlamento prácticamente un tercio de los escaños, controlando la política y la economía de Myanmar. Suu Kyi posee amplios poderes pero no puede ejercer su autoridad sobre los militares quienes a fin de cuentas tienen, como digo, el monopolio del ejército, la defensa y la economía. A consecuencia de todo lo expuesto, se están elevando constantes y grandes críticas contra Suu Kyi, a la que le fue concedido entre otros significativos premios internacionales, el Premio Nobel de la Paz de 1991.  Suu Kyi estuvo 15 años privada de su libertad (entre 1989 y 2010) y se convirtió en una de las presas políticas más famosas del mundo (siendo un icono, considerada como emblema de la no violencia y comparándola  con el gran adalid de no violencia, Mahatma Gandhi). A Suu Kyi se le echa en cara que no haya criticado en ninguna ocasión la situación que vive el pueblo rohyngia sino que por el contrario, defiende y justifica lo que podríamos considerar como criminales actuaciones militares, acusando al  mundo de falta de comprensión por la amenaza terrorista que a la que se está enfrentado su país y culpabilizando y haciendo responsable a todo un pueblo de los delitos cometidos por una minoría que podríamos considerar como grupo terrorista. En cualquier caso parece un gran contrasentido que, poseedora del Premio Nobel de la Paz, pueda estar justificando las tropelías y crímenes cometidos por las fuerzas militares contra los derechos humanos del pueblo rohingya. Así un refugiado rohingya se lamentó por las contradicciones  de  la Premio Novel diciendo: “Suu Kyi nos prometió la paz pero no la tendremos nunca. Hemos sido eprseguidos y lo continauremos siendo sin cese”. Personalidades que como Suu Kyi han recibido el Nobel de la Paz como Malala, Yousafza, Desmond Tutu y el Dalai Lama, han pedido a Aung San Suu Kyi que intervenga para dar solución a este grave problema.

     Para aumentar la desesperación de los refugiados rohyngias, la directora de Amnistía Internacional de Asuntos Temáticos Globales Audrey Gaughran, informa que la marina tailandesa está rechazando las embarcaciones utilizadas por estos refugiados, impidiéndoles la llegada a sus costas y desviándolas mar adentro con el consiguiente peligro para sus vidas y pide que el gobierno tailandés garantice el paso de forma segura a todos aquellos que están buscando protección internacional.

 

     Al parecer, próximamente la situación de Myanmar se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y medidas que han sido solicitadas por Human Rights Watch entre otras ONGs como el embargo de armas integral: armamento, municiones y cualquier tipo de material relacionado, deberían tenerse en cuenta. Actuaciones que deberían llevarse a la práctica por el Consejo de Seguridad. La Unión Europea renovó el pasado abril su embargo de armas y de material que pudiera utilizarse con fines de represión interna y su uso contra civiles en Myanmar, pero actualmente parece que hay países que están considerando su participación militar. Como es habitual, el negocio armamentístico prevalece siempre frente a los intereses humanitarios, así lo estamos viendo en la guerra de Siria, y los interminables conflictos en Iraq, Afganistán y Yemen entre otros. 

 

  Desafortunadamente, sabemos cómo se desarrollan las actuaciones de la mayoría de los organismos internacionales, entre ellos las Unión Europea, las Naciones Unidas y más específicamente las del Consejo de Seguridad de la ONU para situaciones y crisis similares, donde las buenas intenciones y sobre todo las palabras grandilocuentes de cara a la galería prevalecen sobre los hechos y realidades. Resoluciones y dictámenes que en la mayoría de los casos no se cumplen y quedan en papel mojado. Como consecuencia de la inacción, los problemas terminan enquistándose indefinidamente, provocando la inseguridad, el sufrimiento y lo que es peor, la muerte de civiles inocentes (como continuamente estamos observando en los noticiarios) ante la pasividad e indiferencia del mundo.

 

     Los rohinyas, como cualquier otro pueblo de este planeta,  merecen una oportunidad para conseguir que se respeten sus derechos humanos y que puedan disfrutar de las condiciones suficientes y necesarias de vivir con seguridad, paz y armonía con sus vecinos, sin ser expoliados y masacrados  y que como hemos expuesto, han presentado y denunciado distintas agencias y ONGs, suscitando a la vez una amplia condena a nivel internacional. Así está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por lo tanto las Naciones Unidas tienen la obligación y la responsabilidad de proporcionárselas.