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Comunidad de Madrid. 16-01-17
Entrevista a Claudia Interiano

La abogada de la Fundación para la Justicia nos visita con motivo de la presentación del informe '¿Hogar dulce hogar?', para el que ha colaborado con Amnistía Internacional.

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Claudia Interiano en la sede de Amnistía Internacional Madrid.

Claudia Interiano es una abogada salvadoreña en cuyo currículum figura la colaboración con múltiples organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el feminismo y las estrategias jurídicas para la incidencia. La Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son algunas de esas organizaciones, y son las que cita al ser preguntada por los inicios de su actividad en materia de derechos humanos: “Ese es mi background: casos de niños y niñas desaparecidos durante la guerra, de masacres cometidas contra población civil en el conflicto armado en El Salvador en los años 80”.

El Salvador vivió una guerra civil entre los años 1980 y 1992, y aunque al finalizar se estableció un organismo –la Comisión de la Verdad para El Salvador– que debía investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo bélico, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz firmada en 1993 posibilitó que la gran mayoría de esas violaciones quedaran impunes. Ello explica que organizaciones no gubernamentales se ocupen aún en la actualidad de buscar justicia para las víctimas o que personas como Claudia, que actualmente trabaja en la Fundación para la Justicia, continúe llevando casos como voluntaria “porque en El Salvador no mucha gente quiere retomar esos casos, y para mí es difícil dejar los que ya llevaba”.

Fundación para la Justicia

Con sede en Ciudad de México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho es una organización no gubernamental creada en 2011 con el objetivo de promover el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos. Surge tras la sucesión de tres masacres en México, dos de ellas en San Fernando (72 ejecutados en el año 2010 y al menos 193 en 2011), y una tercera en Cadereyta (49 cuerpos mutilados en 2012), en las que la mayor parte de las víctimas son personas migrantes procedentes del conocido como Triángulo Norte, que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador. Este dato explica que la Fundación cuente con una persona de referencia en cada uno de los tres países, además de en México, siendo Claudia la responsable en su país natal, El Salvador.

“La gente está migrando de estos países debido a situaciones de extrema pobreza, pero sobre todo, como dice el informe ‘¿Hogar dulce hogar?’, debido a la violencia”, apunta Claudia. Los países del Triángulo Norte poseen amplios territorios controlados por bandas criminales que obligan a los niños a unirse a ellas, a las niñas a ser esclavas sexuales y a los comerciantes a pagar elevados impuestos. Si se niegan, es muy posible que sean asesinados. La desprotección que sufren los ciudadanos por parte de sus gobiernos los obliga a huir hacia el norte en busca de seguridad, pero les aguarda la terrible ruta a través de suelo mexicano, con todo tipo de violaciones de derechos humanos en el camino y con el agravante de que “las autoridades son conscientes de lo que sucede”.

Tras conocerse las masacres, “en los países de origen los familiares estaban en alerta porque sus parientes, que transitaban por esa ruta migratoria, no les habían contactado”. En un primer momento las familias acudieron a las fiscalías generales de sus respectivos países, que negaban tener competencias por suceder los hechos en suelo mexicano. Eran remitidos entonces a los ministerios de asuntos exteriores o incluso al propio México, “pero son familias pobres que no pueden pagar un boleto y mucho menos una visa mexicana”.

Los ministerios de exteriores se alertaron y consultaron a México, aunque “México en todo momento negó que existieran esas fosas clandestinas”, afirma Claudia. “Mucha gente dice que México es una gran fosa clandestina, y creo que no está alejado de la realidad”. Ante las denuncias de desapariciones y la presión creciente de las familias, las instituciones mexicanas fueron cambiando su versión, primero a que eran fosas con restos de animales y finalmente a admitir que eran restos humanos. “Entonces empiezan a identificar, preguntando a las familias características de sus parientes desaparecidos para poder hacer más tarde la repatriación de las osamentas. Y los empiezan a repatriar en ataúdes cerrados bajo la prohibición de abrirlos”. La extrañeza que generaron estas condiciones, además de la poca o nula información sobre las causas de los fallecimientos, llevó a algunos familiares a abrir a escondidas los ataúdes, “y se encontraron troncos, piedras, tierra, cuerpos equivocados”.

De nuevo la presión de los movimientos sociales, encabezados por las familias, logró que un equipo de forenses argentinos se encargara de la correcta identificación de las osamentas, lo que permite que las familias estén recibiendo los restos mortales de sus familiares. “Pero los forenses no son investigadores, no pueden saber quién lo hizo, y ahí surge la Fundación para la Justicia, para impulsar las investigaciones y el derecho a la verdad en México y Centroamérica”.

“Hay mucho miedo”

La Fundación trabaja directamente con comités de familiares de personas migrantes en los países de origen, como son COFAMIDE en El Salvador y COFAMIPRO en Honduras. “Hemos logrado hacer trabajo de incidencia con representantes de los cuatro países y hacer que se siente con nosotros a hablar gente como el ex-procurador mexicano, Murillo Karam, o la actual procuradora (Arely Gómez)”.

Aparte del trabajo de incidencia con políticos e instituciones, una de las principales ocupaciones de la Fundación es la de documentar los casos, “pero eso también requiere un proceso, hay impacto emocional y psicológico, hay mucho miedo, hay mucha gente que no quiere denunciar”, aclara Claudia.

Uno de los grandes logros de la organización y de las asociaciones de familiares, según señala, es el establecimiento de la Comisión Forense, gracias a la cual “se pudo constituir bancos genéticos en El Salvador y Honduras” que facilitan la identificación y repatriación. Pero dicha comisión solo trabaja para las tres masacres mencionadas, y “esas tres masacres son tres de cientos”.

Crimen estructurado

“Otro gran logro es que hemos conseguido que se instaure el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano, un mecanismo transnacional, al menos en teoría, de acceso a la justicia para familiares de personas migrantes independientemente de la nacionalidad”. De este mecanismo esperan que aplique el principio de no discriminación y así el gobierno mexicano investigue los casos y se desplace a los países de origen a recoger denuncias. Pero no es fácil porque, según apunta, “el crimen organizado está estructurado hasta la sangre de las instituciones y es complicado actuar con esas instituciones y confiar plenamente en que van a investigar”.

“La gente va a seguir migrando y los estados lo saben. Los estados tienen que sentarse a hablar”, afirma Claudia. Es consciente de que su lucha, que es la que comparte con la Fundación para la Justicia y con los migrantes y sus familias, es una lucha larga y complicada, “pero no la puedes dejar”.