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Vigo. 29-09-15
La vivienda: Un derecho hipotecado en España

El derecho a la vivienda es un derecho humano que está siendo vulnerado en España como consecuencia de los desalojos hipotecarios. Desde el inicio de la crisis en 2008, cientos de miles de personas han perdido su vivienda o corren el riesgo de perderla.

 La vivienda se ha considerado históricamente como un bien de consumo o inversión, y no como un verdadero derecho humano con obligaciones para las autoridades.

 •    La  legislación  no  permite  que  las  personas  puedan  reclamar  la defensa del derecho a la vivienda ante los tribunales ni permite que los jueces analicen la proporcionalidad de un desalojo, caso por caso y el impacto del mismo en la vida de las personas.

•    Las  autoridades  no  han  creado  un  mecanismo  que  supervise  las negociaciones   entre   las   entidades   financieras   y   las   personas afectadas.

 En  consecuencia,  las  personas  en  riesgo  de  sufrir  un  desalojo hipotecario se encuentran desprotegidas.

 El gobierno español ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Las medidas adoptadas han sido insuficientes. Al contrario, cuando las personas necesitan mayor protección, el Gobierno ha adoptado medidas regresivas injustificadas como la reducción del gasto público en vivienda en un 50% desde 2008, en un país que únicamente cuenta con un porcentaje de vivienda social del 1,1%.

Por todo ello, Amnistía Internacional en Vigo convoca un acto de calle el sábado 3 de octubre de 11.00 a 13.30 en Príncipe –esquina Velázquez Moreno- en el que pide al gobierno español:

 La paralización de todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten medidas de protección de derechos humanos.

La modificación de la ley de enjuiciamiento civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de un desalojo, caso por caso.

La creación de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones  entre  los  bancos  y  las  personas  afectadas  para asegurar que el desalojo es el último recurso posible.

La consulta con las personas afectadas y las organizaciones, la realización de evaluaciones de impacto en los derechos humanos y de género de los desalojos, y la publicación de datos desagregados.

 El gobierno español, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben invertir más recursos e incrementar el parque de vivienda social, y abstenerse de tomar medidas regresivas injustificadas contrarias al derecho internacional.